La publicación fue calificada por el Colegio de la Abogacía como «una seudo investigación periodística» y según los abogados y abogadas «encubre una inmoral y cuestionable exposición de datos personales de profesionales independientes, con aparente intención de evitar que ejerzan libremente su profesión y la defensa de los derechos de los afiliados de IOSPER frente a los incumplimientos de su Obra Social».

La nota publicada el miércoles 9 de octubre en Análisis sostuvo, entre otras afirmaciones, la siguiente: «La Ley que la Legislatura provincial aprobó por unanimidad este año que multiplicó el valor del jurista, que es la medida por la cual se fijan los montos que deben cobrar los abogados en sus diferentes litigios, provocó un aumento exponencial del dinero que el Iosper debe pagar a los letrados que presentan amparos de salud»

A continuación, el medio Análisis informa que accedió a la lista de los abogados que este año «han facturado un total de 107.517.873,31 pesos en 132 amparos». En la nota el medio consigna que «para tener una idea del impacto en las arcas de la obra social provincial que implicó la mencionada Ley, antes de la misma, cuando el jurista tenía un valor fijo 9.800 pesos, el Iosper abonó 34.146.674,97 pesos por 74 amparos, y luego, con la Ley de movilidad de 1,5%, debió pagar 71.371.162,34 pesos por 34 recursos.

Luego de esa afirmación, Análisis publicó un listado de los abogados y abogadas de la provincia que más ingresos obtuvieron por su trabajo en la presentación de amparos de Salud. La nota además sostiene que la presentación de ese tipo de amparos sería una suerte de «industria del juicio laboral» y afirma que los abogados y abogadas «copian y pegan» y que es una tarea que no demanda mayor esfuerzo.

A continuación, el comunicado institucional emitido este jueves por el Colegio de la Abogacía y enviado a #TareaFina:

Es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética, especialmente en un momento en que la desinformación o información maliciosa puede tener graves consecuencias, cuidando difundir datos privados y personales de ciudadanos entrerrianos, sin el consentimiento debido, invadiendo su privacidad.

Entendemos que ciertos acuerdos relacionados con pautas publicitarias establecen una agenda de temas que la Obra Social desea imponer al medio. Sin embargo, las publicaciones que afectan los derechos y la privacidad de las personas deben ser veraces y justificadas, como se exige en este caso.
No es un dato menor el hecho de que la noticia se publicara el mismo día en que los afiliados del IOSPER se quedaran sin la prestación de los médicos anestesistas debido a la negligencia de quienes negocian con prestadores en nombre de Obra Social. Entendemos que esta situación pone en contexto la agresiva y violenta publicación.

Es fundamental que, más allá de los requerimientos de quien le paga una pauta, el medio revise sus fuentes, obtenga los consentimientos necesarios para la publicación de datos personales y se retracte de la información errónea presentada. Los instamos a adoptar un enfoque más riguroso en su cobertura futura.

Los colegas mencionados en la nota, en pleno ejercicio de la profesión cumplieron con su deber y velaron por la salud de sus clientes, logrando que el IOSPER cumpla con las prestaciones que infundadamente negaba y debía, percibiendo un honorario regulado de acuerdo a la Ley, por tribunales de la Provincia. Como Colegio reivindicamos a quienes dedican su práctica profesional al noble objetivo de litigar para defender el derecho a la salud y a la vida de sus clientes.

Además este Colegio ratifica su credibilidad en los jueces que dictan resoluciones en post de garantizar el derecho a la salud, como también en los profesionales médicos que bregan a diario por el bienestar de los afiliados del IOSPER, que en definitiva son los grandes perjudicados por el obrar negligente de sus directivos.

Esperamos que esta carta contribuya a fomentar un diálogo constructivo sobre la importancia de la seriedad y veracidad en el periodismo Entrerriano , como también al mejor funcionamiento y gestión del IOSPER de modo que no haga falta poner en duda el ejercicio profesional de profesionales de la abogacia y de la medicina o el cumplimiento de las funciones de la magistratura en post de ocultar las falencias propias de la obra social.