A casi ocho años de los despidos masivos en Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora de El Diario, más de 80 extrabajadores aseguran que aún no cobraron las indemnizaciones pese a contar con sentencias firmes. En un planteo público, apuntan contra la empresa por el incumplimiento y contra el Poder Judicial por las dilaciones que —según denuncian— vacían de contenido decisiones ya confirmadas.

Reclamo laboral, presión institucional

El conflicto se remonta a mayo de 2018, cuando SAER desvinculó a decenas de trabajadores. Desde entonces, el grupo sostiene que la espera se transformó en un problema político-institucional: “cuando una sentencia no se ejecuta en un plazo razonable, el derecho reconocido pierde sentido y la confianza en las instituciones se deteriora”, advierten.

En su posicionamiento, los ex empleados describen el impacto social del conflicto: años de incertidumbre, desgaste económico y situaciones de vulnerabilidad. Señalan además que el paso del tiempo tuvo consecuencias irreparables, con trabajadores que fallecieron sin ver efectivizado el cobro y otros que, según relatan, cayeron en la indigencia.

También denuncian que SAER no habría destinado “los fondos de su recaudación” al pago de las indemnizaciones, como —afirman— correspondía. La falta de cumplimiento, plantean, se sostuvo a lo largo de distintas administraciones y cambios en la conducción.

En el texto, mencionan a la familia Etchevehere, a Walter Grenón, a Ramiro Nieto y, en la actualidad, a Gustavo Scaglione como figuras asociadas a etapas de conducción o propiedad de la firma. “Los cambios de manos no han significado soluciones”, sostienen, y agregan que el incumplimiento continuó “en el tiempo” pese a los recambios.

El expediente y las críticas a la Justicia

Según el planteo, el derrotero judicial estuvo atravesado por demoras “difíciles de justificar” aun con fallos firmes. El grupo sostiene que la falta de ejecución efectiva prolongó el conflicto y agravó el cuadro social de los afectados.

El expediente está radicado en el Juzgado de Concursos y Quiebras N.º 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia. Los ex trabajadores recuerdan que en un tramo del proceso se habilitó el cobro de un “pronto pago”, mecanismo que —según señalan— luego dejó de cumplirse. En ese marco, reclaman que no se “castigue” con nuevas demoras a quienes insisten en el cumplimiento de sus derechos.

En su pronunciamiento, formulan una crítica directa al funcionamiento institucional: “¿Qué puede esperarse de un sistema en el que es posible incumplir durante tanto tiempo, bajo la mirada atenta y pasiva del Poder Judicial?”, preguntan. Para el colectivo, la demora en la ejecución de sentencias afecta la credibilidad del sistema y consolida un escenario donde el incumplimiento se vuelve una opción sin costos.

Entre los argumentos, remarcan que la espera dejó “consecuencias irreparables”: mencionan fallecimientos de ex empleados sin cobro efectivo y casos de extrema vulnerabilidad social.

En clave política, el texto plantea que en una democracia las instituciones deben “rendir cuentas por sus acciones y por sus omisiones” y que cada día sin cumplimiento debería pesar sobre quienes tienen a cargo la administración de justicia.

“Cuando se tolera el incumplimiento sostenido, se termina castigando a quienes reclaman”, sostienen. En esa línea, advierten sobre una “inversión de valores” que, a su entender, contradice el sentido mismo de la justicia.

Por eso, los ex trabajadores solicitan al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revise “de manera urgente” plazos y mecanismos de ejecución, y piden al Poder Judicial que adopte medidas “concretas y eficaces” para garantizar el cumplimiento de lo resuelto.

El documento recuerda además que, en su momento, la empresa planteó la posibilidad de negociar sus deudas, aunque —según remarcan— esa vía no se tradujo en una solución concreta para quienes llevan años esperando.