
La discusión sobre los controles en el mercado inmobiliario de Rosario volvió a ocupar un lugar central tras una serie de denuncias vinculadas a loteos que presentan demoras, falta de habilitaciones y problemas para avanzar en su desarrollo. En ese contexto, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR) reconoció que, aun cuando determine responsabilidades éticas de profesionales matriculados, no cuenta con herramientas legales para resarcir económicamente a los compradores afectados.
El tema se instaló en medio del debate nacional sobre una eventual desregulación de la actividad y la continuidad de la matriculación obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario. Mientras las entidades profesionales sostienen que la colegiación brinda seguridad jurídica a las operaciones, distintos sectores cuestionan la efectividad de los mecanismos de control frente a situaciones que derivan en perjuicios para los consumidores.
Según informó el propio COCIR, unas 40 personas damnificadas por distintos emprendimientos inmobiliarios presentaron diez denuncias éticas contra inmobiliarias y corredores matriculados vinculados a loteos cuestionados. Frente a esos reclamos, la entidad aclaró que las sanciones que pueda imponer su Tribunal de Ética se limitan al ámbito disciplinario.
El vicepresidente del Colegio, José Ellena, explicó que «si se determina que existieron incumplimientos éticos, el Colegio puede aplicar sanciones dentro de sus competencias, aunque no tiene facultades judiciales para resolver eventuales reclamos económicos o indemnizaciones de los compradores».
La posición expuesta por la conducción del organismo reavivó cuestionamientos sobre el alcance real de la protección que reciben quienes invierten en desarrollos inmobiliarios. Críticos del sistema sostienen que la matrícula profesional no constituye por sí sola una garantía frente a eventuales incumplimientos, mientras que desde el sector colegiado remarcan que sus competencias están limitadas por la legislación vigente.
Los reclamos de compradores
Uno de los casos que concentra mayor atención en la región es el de Grupo Roma, desarrolladora encabezada por Pablo Cofano, señalada por compradores debido a demoras en la entrega de terrenos comercializados en distintos proyectos del área metropolitana de Rosario.
De acuerdo con los reclamos de los damnificados, más de 850 personas adquirieron lotes en emprendimientos ubicados en localidades como Ibarlucea, General Lagos, Pueblo Esther, Soldini, Zavalla y Piñero. Entre los desarrollos mencionados figuran El Naranjo I y II, Campo Madero, Orígenes, Comunidad Evolutiva y Vitta.
Los compradores aseguran haber realizado inversiones significativas bajo la expectativa de recibir los terrenos entre 2020 y 2023, pero denuncian retrasos que en algunos casos llevan varios años.
La controversia escaló en septiembre de 2024, cuando el Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de obras en distintos loteos por presuntos incumplimientos de normativas hídricas y ambientales, además de la realización de movimientos de suelo sin las habilitaciones provinciales correspondientes.
Quienes cuestionan el funcionamiento del sistema sostienen que inmobiliarias y corredores matriculados participaron en la comercialización de proyectos que aún no contaban con todas las aprobaciones técnicas y administrativas necesarias. Desde esa perspectiva, consideran que existió una insuficiente información hacia los compradores sobre los riesgos asociados a las operaciones.
Debate sobre los controles del mercado
En paralelo, las autoridades del Colegio también han manifestado preocupación por la actividad de operadores que ejercen tareas de corretaje sin matrícula habilitante. La presidenta del COCIR, Cristina Peracchia, definió a esos actores como «comerciantes ejerciendo el corretaje».
Sin embargo, sectores críticos sostienen que las sanciones disciplinarias previstas para los matriculados resultan insuficientes cuando se producen conflictos de gran escala, ya que no permiten reparar los perjuicios económicos sufridos por los compradores ni resolver los problemas de infraestructura y habilitación que afectan a los emprendimientos.
Frente a este escenario, el debate comenzó a trasladarse al ámbito legislativo. En la Cámara de Diputados de Santa Fe, la legisladora Lionella Cattalini presentó una iniciativa para crear un Registro Público Digital y gratuito de loteos, con el objetivo de que los ciudadanos puedan consultar el estado administrativo de cada desarrollo antes de concretar una compra.
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