El Gobierno avanza con un nuevo capítulo de desregulación para el mercado inmobiliario: enviará al Congreso en junio un proyecto que busca recortar costos en las operaciones de compraventa y “dinamizar” un sector que, según el diagnóstico que hizo la Casa Rosada, “arrastra intermediaciones caras y barreras de entrada”.

La iniciativa está motorizada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostiene que una menor intervención estatal puede ampliar la competencia y habilitar nuevos modelos de negocios.

El funcionario expuso los lineamientos en un evento organizado por Reporte Inmobiliario, donde adelantó que el texto incluirá cambios en el corretaje, en la estructura de costos de las operaciones y en las reglas de competencia. El anticipo volvió a encender alertas en colegios y entidades profesionales, que cuestionan el alcance de la reforma y su impacto sobre la actividad.

Uno de los ejes del proyecto es eliminar los honorarios mínimos fijados o sugeridos por los colegios profesionales. “Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, afirmó el ministro. En su planteo, esas instituciones “usan el poder del Estado” para definir condiciones que, a su entender, restringen el libre juego del mercado.

La propuesta encuadra al corretaje como un servicio de intermediación comercial y habilita que cada corredor inmobiliario fije sus propios honorarios, compitiendo por precio y calidad de servicio. También abre la puerta a plataformas y formatos de intermediación más flexibles, y pone bajo revisión la obligatoriedad de la matrícula para ejercer. Para el ministro, el esquema vigente termina “transfiriendo ingresos de la sociedad hacia grupos específicos” mediante “privilegios creados por ley”.

Como antecedente, Sturzenegger citó el impacto del DNU 70/2023 en el mercado de locaciones, al que definió como “un experimento que funcionó”. De acuerdo con cifras oficiales, tras la derogación de la ley de alquileres la oferta habría crecido 300% y los precios reales habrían caído cerca de 30%. El funcionario atribuyó esos resultados a un marco que permite contratos más cortos y adaptados “a las necesidades de cada caso”.

En el plano de las proyecciones, el ministro trazó un escenario optimista a diez años, apoyado en un eventual giro hacia un modelo exportador que —según su visión— fortalecería la moneda local. En ese marco, aseguró que “los precios de las propiedades van a subir” en dólares, al considerar que el inmueble es “el activo más representativo del valor” en moneda doméstica.

También anticipó una expansión del crédito hipotecario. El diagnóstico oficial sostiene que el sistema financiero deberá captar parte de los más de US$ 200.000 millones que los argentinos mantienen fuera de los bancos. Con el retorno de esos fondos, el stock de hipotecas —hoy cercano a US$ 5.000 millones— podría multiplicarse por diez, con los créditos UVA como instrumento central y tasas “competitivas”, según planteó.

El plan, además, busca “atacar distorsiones que encarecen la producción de viviendas”. Sturzenegger señaló que la construcción acumula tasas, derechos y honorarios que no siempre son visibles para el comprador, pero que impactan en los proyectos.

Hacia el cierre, el ministro dejó un mensaje al sector: “Lo ideal sería que no tengan ningún interés en escuchar a ningún funcionario porque hayamos sacado al Estado del medio”.