La Cámara de Diputados de Entre Ríos iniciará el tratamiento en comisión de un proyecto de ley destinado a modificar el marco legal que regula el ejercicio del corretaje inmobiliario. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Carola Laner (Juntos), se encuentra radicada en la Comisión de Legislación y abrirá un debate parlamentario que contará con la participación de invitados y referentes del sector inmobiliario.
El objetivo central del proyecto es actualizar la normativa vigente –sancionada en 2006 mediante la Ley N° 9.739 y modificada en 2023 por la Ley N° 11.084– para responder a las demandas del mercado actual y reconocer la validez de nuevos modelos de negocios en el territorio provincial.
Según señala la autora de la norma, la legislación vigente resulta demasiado rígida y ha generado un estancamiento en la actividad provincial en comparación con jurisdicciones de la Región Centro como Córdoba y Santa Fe.
Principales cambios planteados por la propuesta de flexibilización
El texto del proyecto dispone modificaciones de fondo sobre la legislación actual:
- Reconocimiento de títulos universitarios: se establece que el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos deberá otorgar la matrícula a quienes posean títulos universitarios de corretaje expedidos por cualquier universidad del país, hasta tanto se implemente una carrera presencial de licenciatura dentro de la provincia y egrese su primera cohorte.
- Uso de marcas, nombres de fantasía y franquicias: se habilita formalmente a los profesionales a emplear marcas comerciales o denominaciones de fantasía junto a su nombre y número de matrícula, eliminando restricciones para esquemas asociativos y cadenas comerciales siempre que la intermediación permanezca bajo la supervisión del matriculado.
- Personal auxiliar: se autoriza a los corredores a contar con dependientes para labores administrativas y operativas secundarias que no impliquen actos indelegables de la profesión.
- Transparencia institucional y régimen disciplinario: la iniciativa exige al Colegio profesional la publicación anual de sus balances financieros y memorias en su sitio web, al tiempo que le prohíbe fijar requisitos de matriculación fuera de los definidos por ley. Asimismo, se estipula que las sanciones o restricciones a la matrícula sólo podrán aplicarse bajo un procedimiento estricto o mediante resolución judicial firme.
Por su parte, en oposición a la flexibilización comercial, el diputado Enrique Cresto presentó un proyecto de resolución para expresar preocupación y rechazo ante las reformas planteadas. La postura de Cresto argumenta que la regulación de las profesiones liberales y el poder de control son facultades reservadas por las provincias y no delegadas al Gobierno Federal, en virtud de los artículos 5, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Por este motivo, el legislador insta a defender la autonomía provincial y solicita abrir una instancia de diálogo institucional y consulta previa con los colegios profesionales y las entidades representativas del sector.
El debate legislativo en Entre Ríos confrontará un modelo enfocado en la libre competencia y la adopción de formatos comerciales integrados frente a otro centrado en el resguardo de la regulación estatal y el rol corporativo de los Colegios.
