La abogada María de los Ángeles Petit analizó el avance de la reforma previsional provincial y sostuvo que el debate se presenta como un ajuste aislado, cuando en realidad —afirmó— existe un proceso estructural de desfinanciamiento impulsado por los propios municipios y el Estado provincial. En su mirada, el caso de Concordia bajo la gestión de Francisco Azcué es el ejemplo más claro de cómo se vacía la Caja de Jubilaciones mientras se responsabiliza a los jubilados por el déficit.
Petit cuestionó que el relato oficial reduzca el problema a la “relación de aportantes por jubilado”, y planteó que esa explicación oculta una maniobra más profunda: la sustitución de trabajadores con aportes por contrataciones vía monotributo, cuyos aportes previsionales van a la ANSES y no a la provincia.
Despidos masivos y caída de aportes
Según la abogada, desde el inicio de la gestión de Azcué se avanzó en cesantías masivas bajo acusaciones de irregularidades, con sumarios débiles que —anticipó— derivarán en reveses judiciales e indemnizaciones pagadas por el contribuyente.
“Al dar de baja a cientos de contratados con aportes, se estrangula directamente la recaudación de la Caja provincial”, señaló. Esos puestos, agregó, se reemplazan por monotributistas bajo expedientes de prestación de servicios que no aportan al sistema entrerriano.
Petit advirtió que este esquema se replica en más de cien municipios de la provincia, generando una “sangría hormiga” que transforma el déficit previsional en una “asfixia programada”.
Funcionarios con doble ingreso y sin aportes
La abogada también apuntó contra prácticas internas del gabinete municipal. Aseguró que existen funcionarios que cobran jubilación provincial y, al mismo tiempo, perciben ingresos municipales mediante mecanismos no remunerativos —como el Código 600 o contratos de locación— sin realizar aportes a la Caja.
Calificó esta situación como “evasión de guante blanco” y recordó que ya hubo intimaciones formales de la Caja de Jubilaciones a la Municipalidad de Concordia.
Ajuste en áreas sensibles
Petit sostuvo que el supuesto “ahorro público” que exhibe la gestión local no es eficiencia, sino retiro del Estado en áreas críticas. Los despidos y no renovaciones —indicó— afectan directamente a los Centros de Desarrollo Infantil, la salud municipal, las áreas de adicciones, niñez, adultos mayores y el deporte comunitario.
“Menos empleados no significa mayor eficiencia”, afirmó, y advirtió que la reducción de personal deriva en salitas cerradas, menos contención y pérdida de la red de seguridad social. Según su análisis, los servicios esenciales terminan tercerizados en cooperativas o empresas prestadoras que precarizan aún más el trabajo y erosionan la recaudación local.
“No es austeridad, es incapacidad”
Para Petit, nada de lo que ocurre es un error de cálculo: responde a un diseño político y económico que busca justificar la reforma previsional mediante el vaciamiento previo del sistema.
“Se despide al personal que tributa a la provincia para profundizar el déficit y justificar una reforma regresiva”, afirmó. También cuestionó la falta de visión para generar políticas públicas reales en un contexto de crisis social.
“Azcué insiste en que su gestión representa algo ‘diferente’. Y en eso tiene razón: la diferencia es evidente”, sostuvo. “Estamos ante la administración más ineficiente: pérdida de financiamiento para obras urgentes, parálisis, desmantelamiento y la receta vieja del achique. No es austeridad, es incapacidad; y el precio lo pagan los sectores más vulnerables”.
