La Justicia Federal dispuso nuevas medidas de control ambiental en el marco de la acción preventiva presentada por legisladores nacionales del peronismo ante la instalación de la planta de combustible sintético en Paysandú. La resolución, emitida este viernes, ordena la realización de un reconocimiento judicial el próximo 21 de agosto, con intervención de la perito bióloga Viviana Beatriz Couste, designada en el expediente.
El fallo establece: “Fíjese fecha a los fines de efectuar el reconocimiento judicial ordenado en la resolución interlocutoria del 10 de abril de 2026, para el día 21 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.”
La medida se enmarca en la preocupación por el posible impacto sobre el río Uruguay y las comunidades de la región.
Un conflicto en escalada
El avance judicial se suma a una serie de advertencias que se vienen registrando desde principios de año: intendentes de la costa del Uruguay, legisladores nacionales y especialistas ambientales alertaron sobre la falta de información oficial, la ausencia de estudios binacionales y el riesgo de repetir escenarios de conflicto como los que marcaron la década pasada con las plantas de celulosa.
En notas recientes, dirigentes de Concordia, Colón y San José señalaron que la instalación de la planta ya genera preocupación en sectores turísticos y comerciales, que observan un descenso en consultas y reservas ante la incertidumbre ambiental. La falta de intervención del Gobierno nacional —tema reiterado en declaraciones públicas— profundizó el malestar en municipios que dependen de la actividad turística y del uso recreativo del río.
La acción judicial presentada por legisladores peronistas buscó precisamente activar mecanismos de control ante la inacción estatal y garantizar que cualquier emprendimiento industrial en la margen uruguaya cumpla con los estándares ambientales exigidos por la normativa argentina.
“La salida era aplicar la ley y la Justicia está actuando”
Tras conocerse la resolución, el diputado nacional Guillermo Michel sostuvo que el avance judicial confirma el planteo inicial realizado por los legisladores. “Cuando se inició este conflicto planteamos que la salida era aplicando la ley y la Justicia está actuando.”
El legislador advirtió que la falta de intervención del Gobierno nacional agrava la incertidumbre en las localidades cercanas al río: “La inacción del gobierno genera incertidumbre en las comunidades de la región, que ya están viendo afectada la actividad turística por la instalación de la planta”.
